Camino al Bicentenario

Faltan 9 años para que el Perú cumpla 200 años de independencia, fecha ideal para trazarse metas en diferentes ámbitos, cruzar la barrera del subdesarrollo y enrumbarnos hacia la prosperidad económica y social. Los objetivos planteados por el Acuerdo Nacional y expuestos en el Plan Bicentenario elaborado por el CEPLAN durante el gobierno de Alan García, basado en las principales variables macroecónomicas que definen un escenario probable, dependen mucho de la actual gestión presidencial y de la próxima, debiendo garantizar la estabilidad económica, reducción de la pobreza y fortalecimiento de la instituciones públicas.

Para el 2021 el Perú tendrá 33 millones de habitantes aproximadamente, además de las 4 millones de personas que viven en el exterior. El número de hijos será de 2 por mujer y la edad promedio será de 76 años. Esta etapa es conocido como "el bono demográfico", ideal para el desarrollo, pues al reducirse el número de nacimientos, el Gobierno invertirá menos en la construcción de escuela y mejorará las existentes. La calidad de vida del campesinado habrá mejorado por la introducción de mejoras tecnológicas en su actividad económica, así como el auge de la economía de exportación. La migración del campo a la ciudad se verá compensado con el desplazamiento de personas a las zonas rurales en busca de empleo que ofrecerá la agricultura.

En el ámbito económico, la meta es reducir la pobreza al 13%, la extrema pobreza al 5% y el analfabetismo será erradicado. El PBI del Perú en el 2021 será, si seguimos en promedio con un crecimiento anual del 6%, de 261.984 millones de dólares. El PBI per cápita tiene como meta llegar a 8000 dólares y el valor de las exportaciones sería de 94 mil millones de dólares. El 80% de la población total tendrá acceso al agua potable y alcantarillado, así como el 95% a la luz eléctrica. De cumplirse estas tendencias, el Perú alcanzaría el nivel de vida que tenía Chile en el 2006 y nuestro vecino del sur sería considerado un país desarrollado, mientras que Perú seguirá siendo un país en vías de desarrollo, pero con menor riesgo político, porque las personas al mejorar su condición de vida, dejarán de apoyar a candidatos demagógicos que promuevan cambios en el modelo económico y político.

En el ámbito social, el Perú seguirá siendo un rombo, con tendencia a convertirse en una pirámide gracias a la reducción y eliminación de los sectores D y E, el aumento del Sector C y B. Esto ocurrirá si este gobierno y el próximo incrementan la inversión en infraestructura de agua, saneamiento y vivienda, además de la toma de conciencia por parte de los padres, que deben enviar a sus hijos a la escuela. Las prioridades por parte del Gobierno rumbo al 2021 en materia social son dar acceso a la población a los servicios básicos, garantizar la seguridad ciudadana y convertir a los beneficiarios de los programas sociales en agentes productores, así se gastará menos en inclusión social e invertir en otras necesidades del país. Para el bicentenario es posible que ya se hayan implementado nuevas rutas del Metropolitano y del Tren eléctrico, la Costa Verde sea una vía rápida que conecte La Punta con Chorrillos y que la isla San Lorenzo esté camino a convertirse en una urbanización, sin embargo la congestión vehicular se habrá agravado, ya que existe un déficit de infraestructura para los próximos años.

En cuanto a la estructura del Estado y la Gobernabilidad, se espera que el Perú sea un Estado Democrático y descentralizado, que funcione con eficiencia, eficacia y articuladamente entre sus difernetes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadania y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional. Para lograr eso se necesita un profunda reforma del Estado para mejorar los servicios que presta a la ciudadanía y una mejora sustancial en los servidores y funcionarios públicos.

Para el 2021 se espera que el Perú reciba cerca de 6 millones de turistas, el doble que en el 2009. Ante esto, el Gobierno debe promover la inversión en transporte y facilitar la conectividad aérea, infraestructura hotelera y seguridad ciudadana. La Gastronomía se convertiró en una de las actividades económicas con mayor aceptación y orgullo nacional, pues goza de la simpatía de la opinión pública, en cambio la minería se verá afectada por diferentes conflictos sociales. Es clave mejorar la enseñanza en las instituciones gastronómicas y aprovechar la diversidad de productos en el interior del país, ya que la mayor concentración de Institutos está en Lima.

El cambio climático será un tema que estará presente en la agenda gubernamental en los próximos años. El Perú es un país con alta vulnerabilidad frente a sus efectos. Debido a la gran variedad de regiones naturales y factores geográficos, es de esperar que el cambio climático se presente de manera indistinta. Habrá zonas en que aumente la temperatura o las lluvias y en otras disminuya, esto afectará a la población más pobre. El Fenómeno del Niño será más frecuente y ocasionará pérdidas en infraestructura e impacto sobre la producción. Si los peruanos no aprendemos a rehusar y cuidar el agua, se presentarán diferentes conflictos entre las actividades económicas que demandan mayor cantidad de agua.

Está claro que el desarrollo y el cumplimiento de las metas hacia nuestro bicentenario sólo depende de nosotros y la esperanza está en que se superen estas metas con creces, que la pobreza se elimine del país y que el Perú se convierta en el lugar ideal para vivir, con oportunidades para todos.

Primer paso hacia la Democracia

La democracia en el Perú es una forma de gobierno que no tiene el tiempo necesario para que sea sólida. Es más, nunca se ha llegado a consolidar por los distintos eventos acontecidos en su momento, sean golpes de estado, guerras o anarquía. En la actualidad, la democracia esta aún débil, después de 10 años de gobierno autoritario de Fujimori y dos gobiernos elegidos por las urnas de manera legal, pero que actos corruptos de parte de funcionarios han golpeado lo que debería estar camino a convertirse el país: formar en base a la democracia un conjunto de reglas de conducta para la convivencia social y política.

Pero ¿Cómo se forjo el regreso a la democracia durante el gobierno de Fujimori?, pues bien, aquí comienza nuestra historia. Corría el año 1996 y la bancada oficialista, que era mayoría en el Congreso, encargó a Ricardo Marcenaro preparar una ley para evadir la Constitución y Fujimori sea elegido de nuevo Presidente en las próximas elecciones. Es así que se aprueba la ley de Interpretación Auténtica, la cual facultaba a Alberto Fujimori a presentarse por tercera vez a las elecciones. Esta ley se aprobó quince días después de que el Foro Democrático iniciara la recolección de un millón doscientas mil firmas para convocar un referéndum que impida la postulación de Fujimori.

Dos años más tarde, en 1998, tras la presentación de las firmas por parte del Foro Democrático y las constantes trabas puestas por la ONPE, el JNE dio una resolución dando el visto bueno al referéndum, lo cual fue contestado por la ONPE, dirigida en ese entonces por el tristemente recordado José Portillo Campbell, con otra resolución indicando que todo proceso de referéndum debe pasar por el filtro del Congreso, aplicando al pie de la letra la Ley Marcenaro. Se necesitaban 48 votos a favor del referéndum en el Congreso para que se realice, una vaya muy alta para un Parlamento dominado ampliamente por los fujimoristas, pero los guerreros mueren en el combate y este recién se iniciaba.

El debate y votación por el referéndum se dio el viernes 28 de agosto de 1998, a las 10 de la mañana estaban citados los Congresistas, que llegaban preparados para todo. Días antes, la minoría creía haber llegado a los 48 votos, pues de la boca de Miguel Ciccia salió la autodenominación de "Número 48" en la votación. Sin embargo Ciccia, además de Luis Chu Rubio (ambos independientes) jamás se aparecieron por el hemiciclo. Tiempo después se comprobaría que Montesinos le encargó a Victor Joy Way, quien era Presidente del Congreso, negociar las ausencias de éstos Parlamentarios.

La mayoría se encargó desde un principio de acusar al Foro Democrático de haber falsificado las firmas para el referéndum, incluso Martha Chavez en su intervención dijo que habría un "fraude electrónico", a lo que Lourdes Flores Nano, de implacable intervención, contestó: "no vengas con triquiñuelas". Los ánimos estaban caldeados desde el principio y el ambiente se notaba tenso. El Congresista oficialista Carlos Torres y Torres Lara trató de darle validez Constitucional a la re-reelección de Fujimori, a lo cual Enrique Chirinos Soto replicó explicando de manera clara su punto de vista, siendo interrumpido nuevamente por Torres y Torres Lara. Chirinos Soto al final dijo: " No debatiré con Torres y Torres Lara porque me fatiga".

El momento más caliente del debate se dio cuando Javier Diez Canseco se acercó a la Mesa Directiva a reclamar que sus colegas Chipoco, Olivera y Townsend no podían ingresar al Legislativo. Daniel Espichán, nefasto juez acusado de mandar a la cárcel a varias personas inocentes acusadas de terrorismo, le lanzó una mentada de madre que hirió los sentimientos de Diez Canseco y éste le propinó un derechaso en el mentón. Ambos fueron separados y el debate siguió su curso, mientras que en los exteriores, la congresista Luz Salgado se enfrascaba en un duelo de palabras al querer desaforar a un grupo de universitarios que habían sido invitados por la oposición a presenciar el debate. Su contrincante era Anel Townsend, abanderada durante esos años de la defensa de la democracia, honrando fielmente la memoria de su padre.

Durante las trece horas de debate se destacaron las intervenciones de Lourdes Flores, Javier Diez Canseco, Javier Alva Orlandini, Beatriz Merino, Aldo Estadra y Máximo San Roman, quien habló en quechua. A propósito de Beatriz Merino, ella, casi finalizando el debate, dijo, como prediciendo lo que iba a pasar: "Tienen que irse, los peruanos quieren que se vayan y ya lo van a ver ustedes, porque no importa como termine el dia de hoy, ustedes estan liquidados como Gobierno". Un hecho deplorable fue la concesión de 23 minutos al Congresita de oposición Alfonso Baella Tuesta, quien ante tal halago definió su voto y su conciencia hacia el transfuguismo.

Se contabilizaron 105 Congresistas previo a la votación, pues el zigzagueante Chirinos Soto al ver que no llegaban a los 48 necesarios se esfumó del Parlamento, también se ausentaron los oficialistas Felipe Pardo Mesones y Jorge Velásquez Ureta, además de la independiente Susana Díaz. La minoría sabía que no llegaban a los 48, pero un hecho que provocó el respeto y los aplausos de la oposición fue cuando Carlos Ferrero, al hacer oficial su voto, dijo: "que el pueblo decida.....sí". Roger Amuruz del oficialismo se abstuvo de votar y, como dijimos, Baella Tuesta le entregó el sí a cambio de una suma de dólares al Gobierno.

Al final se contabilizaron 45 votos. Los jóvenes apostados en la tribuna entonaban las notas del Himno Nacional acompañados por los Congresistas de la oposición que se reunieron en el centro del hemiciclo.

Es dificil pensar en la actualidad que Javier Diez Canseco puede concordar en algo con Jorge del Castillo o Fernando Olivera, pero vale destacar que cuando la democracia está en juego, los colores y partidos políticos quedan de lado. Si bien muchos personajes de la oposición llegaron después al gobierno y la corrupción los carcomio, llegaron a él por voluntad popular. Aquel 28 de agosto no se ganó el derecho a referéndum, pero ese día empezó la lucha por el retorno a la democracia en el país, que duró más de 2 años para sacar al dictador, que dura hasta ahora para consolidarla.

Motivos de disolución

El principal motivo para que Alberto Fujimori cerrara el Congreso en 1992 fue el conflicto existente entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. A pesar de ciertas concesiones dadas por el Poder Legislativo al Gobierno, éste decidio romper el orden constitucional. Pero, ¿Cómo se fueron acrecentando estas tensiones entre el Congreso y el Presidente?, aquí les va un recuento.

El primer desentendimiento que hubo fue con el Ministro de Trabajo Carlos Torres y Torres Lara en agosto del 90, cuando, en declaraciones ante el Congreso, afirmó que los decretos dados por el Ejecutivo tenían la misma validez que las leyes dadas por el Parlamento y por lo tanto podían modificarlas. Varios Congresistas alzaron su voz de protesta y lo interpelaron, sin embargo no se llegó a censurar al Ministro gracias a un entendimiento entre Parlamentarios del Fredemo y de Cambio 90. Aún la oposición no contaba con mayoría en el Congreso.

En septiembre, dos hechos fueron aprovechados por el Presidente para iniciar su campaña de desprestigio contra el Congreso. Fujimori decidió, de forma inconstitucional, indultar a un grupo de inculpados para aliviar el exceso de gente en las cárceles. Según la Constitucion de 1979, vigente en ese entonces, un indulto sólo se podía dar a los presos sentenciados, para los inculpados era necesaria una amnistía que el Congreso sí estaba facultado para darla. Fujimori criticó duramente a quienes se oponían a esta medida, calificando de chacales y canallas a los Magistrados del Poder Judicial. El Senado dejó sin efecto el decreto del Presidente y dio un ley destinada a facilitar la excarcelación de los inculpados, ley que estuvo más acorde a los mandatos constitucionales. En medio de este lío, se frustró un viaje de Fujimori a la reunión de Presidentes del Pacto Andino, al levantarse la sesión a pedido del Ejecutivo para que no se debatiera una moción de censura. El Congreso quedó con la imagen de que bloqueaba al Presidente y el Poder Judicial con una imagen de que se interesaban más por sus privilegios institucionales que por los problemas concretos de los peruanos. Sin embargo, fue el mismo Presidente quien alientaba el conflicto entre los poderes del Estado.

En diciembre de ese año Fujimori volvió a saltearse la Constitución al observar el 15 de los artículos de la Ley de Presupuesto de 1991. El Congreso insistió en la ley original y Fujimori, haciendo uso de su clásico autoritarismo, suspendió tres de los artículos de la ley de presuesto al amparo del artículo 211 inciso 20 de la Constitución del 79, que posibilitaba al Presidente de dictar medidas extraordinarias en materia económica. Fujimori logró de esta manera hacer su voluntad y el Congreso se quedó sin un recurso constitucional para hacerle frente a esa medida.

Entre junio y noviembre de 1991, el Congreso le otorgó facultades legislativas al Ejecutivo en materia de generación de empleo, inversión privada y pacificación nacional. El Ejecutivo promulgó cerca de 117 decretos legislativos, de los cuales 83 fueron aprobados. En las semanas siguientes, el Parlamento derogó y observó 28 decretos de gran importancia. Los mas ácidos críticos del Gobierno denunciaron que Fujimori quería atentar contra la libertad amparada por la Constitución. Además, el Congreso le negó facultades al Gobierno para legislar en materia tributaria y aprobó un proyecto de ley que declaraba en emergencia al sector agrario. Para tener una idea, durante los primeros 18 meses de Gobierno de Fujimori se decretaron 575 decretos de urgencia, muchos de ellos requerían de una reforma constitucional para poder llevarlos a la práctica. Fujimori desenfundó su espada y el 1ero de diciembre de 1991, durante el CADE anual, se avalanzó contra los partidos políticos y propuso un plesbicito nacional para aprobar la no reeleción inmediata y la renovación por tercios del parlamento. El Congreso respondió censurando al Ministro de Agricultura Enrique Rossl Link el 3 de diciembre. Fujimori se rehusó a aceptar la renuncia del Ministro durante dos semanas y acusó a los congresistas de tener un lobby de lavado de narcodólares. Los Parlamentarios desearon en ese momento proponer la vacancia presidencial, medida que no se llegó a concretar.

El asunto que desencadenó lo que hoy conocemos como el Autogolpe fue la aprobación de la Ley de Control de los Actos Normativos del Presidente de la República, que tuvo sus orígenes en un proyecto presentado durante el Gobierno de Alan García por Roberto Ramirez del Villar, que no fue aprobado porque el Gobierno aprista tenía mayoría parlamentaria. En esta ley somete al Ejecutivo al control del Legislativo en las normas que dicte ya que estas atribuciones les corresponden unicamente al Congreso. El proyecto de ley fue presentado por Enrique Bernales, Manuel Ulloa, Alberto Borea y Roger Caceres. Según el Diario de los Debates del Congreso la discución pertinente a esta ley fue uno de los más ricos a nivel teórico y una de las mejores leyes elaboradas durante el periodo de 1980 a 1992. A pesar de que Fujimori observó la ley en enero de 1992, los Parlamentarios promulgaron la ley el 30 de enero del 92. Fujimori no protestó más, el cierre del Congreso estaba decidido.